El Congreso de Tamaulipas analiza una iniciativa para sancionar con multas de hasta 23 mil pesos y trabajo comunitario a padres o tutores que permitan a menores conducir motocicletas sin licencia, impulsada por la diputada morenista Elvia Eguía Castillo. La propuesta busca adicionar el artículo 318 Bis al Código Penal estatal, respondiendo al incremento alarmante de accidentes viales protagonizados por adolescentes que circulan sin casco ni supervisión, contribuyendo a que los percances de tránsito sigan siendo una de las principales causas de muerte juvenil. La legisladora subraya que la permisividad familiar agrava esta crisis de salud pública que afecta directamente a familias tamaulipecas.

Iniciativa contra permisividad familiar

Elvia Eguía Castillo argumenta que los adultos responsables facilitan directamente el riesgo al autorizar el uso de motocicletas a menores sin licencia ni equipo protector, exponiéndolos a colisiones fatales. La reforma penal establecería responsabilidad directa para tutores, pasando de recomendaciones a castigos concretos que disuadan estas prácticas. Autoridades de seguridad en Tamaulipas han reportado un aumento sostenido de accidentes motociclistas con adolescentes, varios terminando en hospitales o morgues locales.

Accidentes viales: amenaza mortal para jóvenes

Datos de la OMS citados por la diputada revelan que cada cuatro minutos muere un niño en el mundo por accidente vial, posicionando este problema como prioridad global de salud pública. En México, el INEGI registró 377 mil accidentes de tránsito en 2023, con participación significativa de menores entre las víctimas, especialmente en vehículos de dos ruedas. En Tamaulipas, la combinación de velocidad, falta de experiencia y ausencia de cascos multiplica las consecuencias letales.

Sanciones económicas y trabajo comunitario

La propuesta fija multas de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización —equivalentes a 23 mil pesos máximos— más trabajo comunitario para quienes entreguen motos a menores sin permiso legal. Estas penas buscan generar conciencia colectiva y reducir la carga en servicios médicos de emergencia, que enfrentan presión constante por estos casos evitables. Eguía Castillo enfatiza que la medida protege no solo a los jóvenes sino a todo el ecosistema vial.

Cifras alarmantes que exigen acción

El fenómeno genera impactos profundos en familias, con pérdidas humanas irreparables y costos médicos elevados que afectan economías domésticas. La diputada advierte que sin intervención legislativa inmediata, las estadísticas seguirán escalando, reiterando que responsabilizar a adultos previene tragedias y fomenta cultura vial responsable desde el hogar. La iniciativa representa un paso firme hacia la seguridad juvenil en un estado donde las motos proliferan sin control adecuado.