El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó estado de sitio por 30 días en todo el territorio nacional tras una escalada de violencia atribuida a pandillas, que incluyó ataques coordinados contra las fuerzas de seguridad y motines en cárceles. La medida permite detenciones sin orden judicial y prohíbe reuniones y manifestaciones, con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la seguridad nacional ante actos que el gobierno calificó como terroristas.​

Ataques coordinados contra policías

La decisión se produjo luego del asesinato de ocho agentes de la Policía Nacional Civil en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, además de la muerte de un presunto sicario. Los ataques fueron perpetrados por miembros de pandillas en lo que las autoridades consideran represalias por los operativos exitosos del Estado para retomar el control de las prisiones.​

Arévalo afirmó durante su mensaje a la nación que el Gobierno no negociará con criminales y calificó los hechos como actos de intimidación para frenar la estrategia de seguridad implementada. “No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo en nuestro país”, advirtió el mandatario.​

Recuperación del control carcelario

Las fuerzas de seguridad recuperaron el control de la cárcel de máxima seguridad ‘Renovación I’, donde fue neutralizado Aldo Ochoa, conocido como “El Lobo”, líder de la pandilla Barrio 18 y uno de los promotores del motín. También se retomó el control de los centros preventivos de la zona 18 de Ciudad de Guatemala y Fraijanes II, donde los privados de libertad se amotinaron el sábado y secuestraron a varios agentes del Sistema Penitenciario.​

Los amotinados exigían el traslado de cabecillas de las pandillas a cárceles de menor seguridad, así como diversos privilegios que durante años les fueron otorgados, peticiones que el gobierno rechazó categóricamente.​

Alcances del estado de sitio

El mandatario aseguró que la medida no alterará la vida cotidiana ni la movilidad de la población, salvo la suspensión de actividades educativas durante el lunes. El ministro de Defensa, Henry Sáenz, anunció que el Ejército y la Policía “vamos a ir directamente a atacar la presencia de los terroristas denominados mareros”.​

El Congreso de Guatemala declaró en octubre de 2025 a las pandillas como organizaciones terroristas, después de que 20 cabecillas del Barrio 18 se fugaran de la cárcel Fraijanes II. La ley aprobada elevó de 12 a 18 años la pena máxima de cárcel por extorsión, uno de los principales delitos que cometen el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.​

Contexto político y reformas institucionales

El Gobierno atribuye la violencia a grupos criminales ligados a la corrupción que buscan frenar reformas institucionales clave, como el cambio de fiscal general programado para mayo y la renovación de la Corte de Constitucionalidad. “Son las mafias política criminales que se resisten y buscan infundir terror porque saben que este año Guatemala va a recuperar su sistema de justicia”, señaló Arévalo.​

La confrontación entre el gobierno y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se intensificó desde el segundo semestre de 2025, especialmente después de que el 31 de julio las fuerzas de seguridad tomaran la cárcel de máxima seguridad ‘Renovación I’ para aislar a los líderes pandilleros, lo que desencadenó constantes motines en los centros penitenciarios.