Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Tamaulipas, María Guadalupe Gómez Núñez, celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el amparo en revisión 435/2025, al determinar por unanimidad que la justicia federal no ampara ni protege a Francisco “N” por los delitos graves de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La también abogada destacó que, con esta decisión, la orden de aprehensión se mantiene vigente y queda sin efecto la suspensión previamente concedida, por lo que el mandamiento judicial es ejecutable de inmediato.

SCJN deja firme la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado

La resolución de la Corte se da luego de que un juez de distrito había concedido un amparo a favor de Francisco “N”, criterio que ahora fue revocado por el máximo tribunal al considerar que sí existen elementos suficientes para mantener la orden de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero. El proyecto, a cargo de la ministra Lenia Batres, revisó el expediente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y concluyó que los delitos imputados son autónomos y no se anulan entre sí, como había sostenido la sentencia de primera instancia.

Gómez Núñez calificó el fallo como un momento de alto impacto para la vida pública de Tamaulipas y de México, al enviar un mensaje de que en el Estado de Derecho no hay espacio para privilegios ni excepciones, y que la transformación del país es incompatible con la impunidad. Recordó que durante años el pueblo clamó justicia y exigió que se investigaran y sancionaran los presuntos actos ilícitos cometidos desde el poder.

Morena exige ficha roja y trámites de extradición

La dirigente estatal subrayó que ahora corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) solicitar a la autoridad competente la emisión o reactivación de la ficha roja ante Interpol e iniciar los trámites correspondientes ante el gobierno de Estados Unidos para la detención de Francisco “N” con fines de extradición. “Nadie puede sustraerse de la acción de la justicia”, enfatizó, al insistir en que el caso no debe quedar en un fallo simbólico, sino traducirse en acciones concretas de las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.

Gómez Núñez destacó que el fallo reafirma que la ley debe estar por encima de intereses particulares y de las viejas prácticas de impunidad que por décadas erosionaron la confianza ciudadana y manipularon al Poder Judicial. Desde una visión transformadora, dijo, la exigencia social ha sido clara: verdad, legalidad y rendición de cuentas, por lo que la determinación de la Corte “no puede quedar como un hecho aislado”, sino marcar la pauta para que todas las instituciones actúen con firmeza y apego irrestricto a la legalidad.

Respuesta al clamor social y movilización de la militancia

La lideresa de Morena recordó que Tamaulipas vivió seis años de agravios bajo señalamientos graves y un clima de polarización política, frente a lo cual la ciudadanía se movilizó, reunió firmas y sostuvo una demanda legítima: que se hiciera justicia sin distingos. En diciembre pasado, militantes y simpatizantes recolectaron más de cien mil firmas que fueron entregadas a ministras y ministros de la SCJN, para pedir que se pusiera fin a la impunidad del exgobernador panista que sigue prófugo de la justicia.

Tras conocerse la resolución del máximo tribunal, la militancia de Morena salió a las calles en las cabeceras municipales de Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico y Ciudad Victoria para celebrar el fallo, al considerarlo una respuesta institucional al clamor social. Gómez Núñez sostuvo que la transformación democrática implica que los procesos continúen, que las resoluciones judiciales se cumplan y que los casos de alto impacto no queden en el olvido, pues “la justicia, cuando responde al clamor social y se apega a derecho, fortalece a las instituciones y dignifica la vida pública”.

Finalmente, la presidenta de Morena Tamaulipas concluyó que, cuando el pueblo exige rendición de cuentas, las instituciones están obligadas a actuar, y que en México la justicia no debe ser un privilegio, sino un principio. “Por eso, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, puntualizó.