Denuncia de periodista tamaulipeca ante la CPI

La periodista Martha Olivia López Medellín presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien encabezó el gobierno estatal de 2016 a 2022. La querella sostiene que durante ese periodo se instauró una política de Estado basada en el uso ilegítimo de la fuerza pública, que derivó en presuntos crímenes de lesa humanidad como asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y persecución sistemática contra población civil.

La denuncia fue presentada ante la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos, donde ya fue recibida oficialmente, y se acompañó de un expediente con pruebas documentales. De forma paralela, la periodista entregó el miércoles 4 de febrero una copia del documento en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la Ciudad de México, para respaldar la intervención de instancias internacionales.

Señalamientos sobre fuerzas estatales y cadena de mando

En el escrito se argumenta la responsabilidad penal de García Cabeza de Vaca con base en el artículo 28 del Estatuto de Roma, al considerar que tenía calidad de superior jerárquico con control efectivo sobre las corporaciones policiales señaladas como perpetradoras. El documento destaca el papel del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), unidades tácticas que habrían operado bajo órdenes directas o indirectas del Ejecutivo estatal.

Según la denuncia, estas corporaciones más que combatir a la delincuencia organizada fueron dirigidas contra la propia ciudadanía tamaulipeca, mediante espionaje con tecnología invasiva y operativos de “alto impacto” que derivaron en graves violaciones de derechos humanos. Señala además que el exmandatario habría impulsado una estructura normativa y operativa que permitió a estos grupos actuar con opacidad, sin controles efectivos sobre la intervención de comunicaciones ni supervisión civil.

Casos emblemáticos incluidos en la querella

Entre los hechos que sustentan la denuncia se incluye la masacre de 19 personas en Camargo, Tamaulipas, en enero de 2021, donde fueron asesinados y calcinados en un vehículo migrantes, en su mayoría de origen centroamericano, caso por el que 11 elementos de la policía élite conocida como GOPES ya fueron sentenciados a 50 años de prisión. Se detalla que esta masacre, ocurrida en un contexto de control territorial y migratorio, es presentada como ejemplo de un patrón de violencia institucional contra población vulnerable.

La querella también hace referencia a presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Nuevo Laredo en 2019, donde agentes estatales habrían manipulado escenas del crimen colocando vestimenta militar a civiles para simular enfrentamientos, así como otros operativos de alto riesgo en zonas urbanas. Otro caso mencionado es el de Juan Daniel Ortiz Martínez, en Río Bravo, cuyo vehículo recibió más de 200 disparos por parte de policías estatales, lo que se expone como muestra del uso desproporcionado de la fuerza.

Desapariciones, omisiones y derecho a la verdad

La denuncia también subraya omisiones graves en la protección de defensores de derechos humanos, como el asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, ocurrido el 10 de mayo de 2017 frente a su domicilio en San Fernando, pese a contar con medidas de protección por su labor en la búsqueda de su hija desaparecida. El caso es presentado como ejemplo de la vulnerabilidad en la que se encontraban las personas que exigían justicia y el fallido resguardo por parte de las autoridades.

Asimismo, se mencionan desapariciones forzadas en Nuevo Laredo durante 2018, donde organizaciones y organismos internacionales han documentado decenas de víctimas en operativos con participación de fuerzas federales y uso de vehículos oficiales, configurando un escenario de presunta colusión institucional. La querella enfatiza que, ante este historial de violencia y desapariciones, el derecho a la verdad de la sociedad tamaulipeca y de las familias de víctimas debe ser garantizado mediante investigaciones imparciales y sanciones efectivas.

Exigencia de investigación internacional y garantías de protección

En el cierre del documento, Martha Olivia López Medellín solicita a la Fiscalía de la CPI abrir una investigación formal para atribuir responsabilidad penal individual a García Cabeza de Vaca y a otros posibles mandos involucrados en la cadena de mando estatal. También pide la colaboración del gobierno mexicano por la vía diplomática, a fin de facilitar la entrega de información y la eventual cooperación judicial con la Corte Penal Internacional.

La periodista demanda garantías de seguridad para ella, su equipo y su familia, ante el riesgo de represalias derivadas de la denuncia contra el exgobernador. Organizaciones civiles y voces del gremio periodístico han señalado que este tipo de acciones buscan frenar la impunidad y llevar a instancias internacionales los patrones de violencia que han marcado a Tamaulipas en los últimos años.