Compra de camionetas Jeep por 2.4 millones de pesos

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, confirmó que se adquirieron nueve camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas de reciente modelo para los ministros del máximo tribunal. Detalló que cada unidad tuvo un costo aproximado de 2.4 millones de pesos ya con blindaje, desmintiendo versiones que hablaban de precios de 3.5 millones o más.

Aguilar explicó que la renovación de la flotilla se decidió luego de una evaluación físico‑mecánica a los vehículos blindados que ya utilizaban, los cuales presentaban fallas frecuentes, blindaje caducado y condiciones que ponían en riesgo la seguridad de los ministros. Según el recuento oficial, la Corte contaba con 43 vehículos blindados, entre Suburban y Jeep, pero varios de ellos estaban deteriorados o habían sido adquiridos por ministros que se retiraron, conforme a los reglamentos internos.

Justificación: seguridad y no lujo, sostiene la SCJN

En conferencia de prensa, Aguilar Ortiz insistió en que la decisión de comprar las camionetas responde a criterios de seguridad derivados de la alta responsabilidad de Estado que tienen las y los ministros, y no a la búsqueda de privilegios o lujos. Recordó que desde 2010 la Suprema Corte acordó que sus integrantes contaran con medidas de protección, entre ellas el uso de vehículos blindados para reducir riesgos en traslados.

Sin embargo, reconoció que la adquisición generó fuerte crítica social por el alto costo de los vehículos en contraste con el discurso de austeridad en el sector público. Ante ello, el ministro presidente subrayó que la austeridad “no es un acto simbólico” y que buscan un equilibrio entre cuidar la integridad de los juzgadores y respetar los recursos públicos.​

Ministros renuncian a usar las camionetas y se plantea su venta

Tras la polémica, Hugo Aguilar anunció que los ministros y ministras no utilizarán las nuevas camionetas Jeep Grand Cherokee que les fueron asignadas. Señaló que los vehículos quedarán bajo resguardo del Órgano de Administración Judicial (OAJ), que podrá destinarlos a jueces o magistrados que enfrenten mayores riesgos o, en su caso, someterlos a un proceso de venta o desincorporación.

El ministro presidente indicó que se venderán 21 de las 39 camionetas blindadas con las que contaba el Poder Judicial, con el fin de reducir gastos y responder al reclamo ciudadano. Incluso afirmó que, en lo personal, él está dispuesto a trasladarse en transporte público como el metro si fuera necesario, para dejar claro que la seguridad institucional no debe confundirse con lujos personales.

Críticas públicas y aclaraciones adicionales

La compra de las camionetas ha sido duramente cuestionada por comentaristas y ciudadanos, quienes consideran que el gasto —cercano a los 80 millones de pesos si se suman diversas unidades— contradice la narrativa de austeridad del Poder Judicial. Periodistas como Joaquín López‑Dóriga y Carlos Loret de Mola han señalado posibles inconsistencias en los argumentos de ahorro, así como dudas sobre el proceso de adquisición y emplacamiento.​

Aguilar Ortiz también aclaró que no es cierto que las camionetas se hayan emplacado en Morelos para evadir tenencias, como se difundió en algunas versiones. Asimismo, otros ministros han señalado que parte de la controversia se origina en decisiones de la integración anterior de la Corte, que autorizó la compra y la posibilidad de que algunos exministros se llevaran vehículos y obras de arte como parte de su haber de retiro, tema que también ha generado molestia pública.