Jornada laboral de 40 horas, una deuda histórica

La senadora Olga Sosa Ruíz se pronunció a favor de la reforma que reducirá la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, la cual se implementará de forma gradual entre 2026 y 2030, tras el diálogo sostenido con el secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, Marath Bolaños López, en el Senado de la República. De acuerdo con la información expuesta por la Secretaría del Trabajo, esta reforma beneficiará a alrededor de 13.4 millones de personas trabajadoras que actualmente laboran más de 40 horas a la semana, muchas de ellas con jornadas que superan incluso las 49 o 58 horas semanales.

Sosa Ruíz destacó que la fracción IV del artículo 123 constitucional no ha sido modificada desde 1974, lo que representa un rezago en materia de bienestar social y protección de los derechos laborales en México. La propuesta de reducción de jornada se alinea con la recomendación número 116 de la Organización Internacional del Trabajo, que plantea como meta social una jornada de 40 horas vinculada a la dignidad en el trabajo, así como con la agenda de la Cuarta Transformación que busca mejorar las condiciones de la clase trabajadora.

Implementación gradual sin afectar salarios ni prestaciones

En el encuentro con autoridades federales, se recordó que la ruta planteada para la reforma considera una disminución escalonada: en 2027 se reduciría a 46 horas, en 2028 a 44, en 2029 a 42, hasta llegar a las 40 horas en 2030, dando tiempo a empresas y sectores productivos para adaptarse. La senadora subrayó que la reducción de la jornada no implicará bajo ninguna circunstancia una disminución de salarios ni de prestaciones, sino que pretende equilibrar la vida laboral y personal, mejorar la salud física y mental y fomentar la convivencia familiar.

Olga Sosa resaltó que la reforma se inscribe en un contexto de avance del bienestar social, en el que se ha impulsado el aumento del salario mínimo y otras mejoras al marco laboral, y señaló que la integridad y el descanso de las y los trabajadores materializan los compromisos de la Cuarta Transformación con la justicia social. Ejemplos de experiencias internacionales y sectoriales muestran que la reducción de la jornada, cuando se acompaña de buena organización interna, puede mantener o incluso mejorar la productividad, al tiempo que se disminuye el estrés y se fortalece la motivación del personal.

Certificado laboral para la agroexportación: dignidad en el campo

En la misma línea de una agenda laboral progresista, la senadora se refirió al proyecto de Certificado Laboral para la Agroexportación, que busca beneficiar a unas 200 mil personas trabajadoras agrícolas que participan en cadenas de producción orientadas a la exportación. Este mecanismo pretende garantizar que las y los jornaleros cuenten con empleo formal, afiliación a la seguridad social y condiciones laborales dignas, respondiendo a una realidad donde más de 2.5 millones de trabajadores agrícolas en México se encuentran en la informalidad, y una fracción importante forma parte del sector agroexportador.

Sosa Ruíz explicó que el certificado coloca en el centro la dignidad humana y el trabajo justo, al establecer criterios verificables de cumplimiento laboral para las empresas exportadoras. El proyecto se vincula con esfuerzos federales recientes como la presentación del Certificado Laboral para la Agroexportación y la plataforma VELAGRO, que inició con el aguacate hass como producto piloto y se expandirá paulatinamente a otros cultivos como berries, con la meta de que al final del sexenio toda la agroexportación opere bajo esquemas de certificación laboral y mano de obra formal.

Base legal y reformas propuestas para el campo

La iniciativa de certificado laboral se sustenta en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, particularmente en el artículo 40, fracción I, que faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emitir certificaciones laborales y normas en materia de trabajo digno. En este marco, se plantea adicionar el artículo 283 Quáter a la Ley Federal del Trabajo, para crear formalmente la figura del Certificado Laboral para la Agroexportación y establecer obligaciones y parámetros claros de cumplimiento de derechos laborales y seguridad social en el sector.

De acuerdo con la información compartida por la STPS, el Ejecutivo federal prevé acompañar este certificado con reformas a la Ley de Comercio Exterior, incluyendo el criterio de trabajo y seguridad social como elemento regulatorio en las exportaciones mexicanas, lo que también responde a exigencias internacionales en materia de comercio justo y responsabilidad social. Para la senadora Olga Sosa, este proyecto coincide plenamente con el “segundo piso” de la Cuarta Transformación, bajo la premisa de que no puede haber crecimiento económico sostenido sin justicia social y sin respeto a los derechos de quienes trabajan en el campo.