Reforma electoral en clave de negociación

En su reunión reciente con los líderes de Morena en el Congreso de la Unión, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, la presidenta Claudia Sheinbaum afinó los detalles de la Iniciativa de Reforma Electoral Integral que enviará en febrero al Poder Legislativo. La vocería gubernamental ha insistido en que el objetivo es modernizar el sistema electoral, reducir costos y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y representación política, sin romper con los pilares institucionales existentes.

Según el diseño que se ha adelantado, la reforma plantea reducir el gasto electoral mediante ajustes al presupuesto del INE y de los órganos públicos locales electorales (OPLE), que seguirán operando, pero con menos recursos y bajo mayor tutela del instituto nacional. El financiamiento público a los partidos disminuirá y las diputaciones plurinominales no desaparecerán, aunque sí se revisará su número y diseño, en línea con la resistencia de aliados como PVEM y PT a una eliminación total.

Un INE acotado, pero no desmantelado

Uno de los puntos más sensibles del debate ha sido el futuro del Instituto Nacional Electoral, luego de los intentos fallidos de reforma en el sexenio anterior. En esta ocasión, Sheinbaum ha subrayado que no habrá desmantelamiento del INE, que conservará su autonomía formal, aunque sí enfrentará ajustes administrativos y recortes presupuestales que impactarán en su operación interna.

Esto configura un escenario donde el árbitro electoral se mantiene como referencia de legitimidad, pero con capacidades acotadas y mayor presión para hacer “más con menos”. La narrativa oficial buscará sostener que, para la mayoría de los ciudadanos, el sistema electoral sigue siendo creíble, precisamente porque los cambios se presentan como mejoras de eficiencia y no como una transformación radical de las reglas del juego.

Reforma aprobada, pero acotada

Por la correlación de fuerzas en el Congreso, todo indica que la llamada “Reforma Electoral Sheinbaum” se aprobará, aunque acotada por la intensa negociación política dentro del propio bloque oficialista y las concesiones que pueda arrancar la oposición. Morena y aliados requieren mayorías calificadas para modificar la Constitución, lo que obliga a modular las propuestas más ambiciosas y a buscar una fórmula que mantenga la cohesión interna y, al mismo tiempo, permita atraer votos adicionales.

El resultado previsible es una reforma funcional en términos de reducción de costos y ajuste de estructuras, pero incompleta frente a las expectativas de cambio profundo en temas como sobrerrepresentación, clientelismo o uso de recursos públicos. No se trata de una ruptura democrática, sino de una reconfiguración administrada del sistema, que posterga decisiones estructurales para después de las elecciones de 2027.

Elecciones de 2027: el verdadero parteaguas

Las reglas transitorias de la reforma están pensadas para que los cambios comiencen a aplicarse de forma gradual y se reflejen plenamente en las elecciones federales intermedias de 2027 y en los procesos locales que coincidan con esa jornada. En ese contexto, las elecciones serán competitivas y válidas, aunque con tensiones políticas, ya que Morena mantendrá una ventaja estructural importante, pero sin alcanzar una hegemonía absoluta.

Varios análisis advierten que el verdadero parteaguas no será tanto la aprobación negociada de la reforma, sino la forma en que se apliquen las nuevas reglas en 2027: la actuación del INE, el comportamiento del gobierno frente al árbitro, el uso de programas sociales y la capacidad de la oposición para competir en un terreno que percibirá como asimétrico. Más que una crisis de ruptura, México atraviesa una etapa de indefinición institucional delicada, donde la reforma electoral será funcional para administrar el sistema, pero insuficiente para resolver sus problemas de fondo.